De los 2 mil 440 municipios, más de 2 mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas, de acuerdo con un informe de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República
Lunes 14 de marzo de 2011
Lunes 14 de marzo de 2011
Ignacio Alvarado Álvarez | El Universal
Coyotepec se localiza al norte de la ciudad de México. Tiene poco más de 39 mil habitantes. El nivel de su economía es tan bajo que no alcanza para pavimentar la mayoría de sus calles, y el poco asfalto que hay se encuentra destrozado por falta de mantenimiento. La deuda pública asciende a 100 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Tesorería, y esa crisis ha imposibilitado pagar dos años de aguinaldo y dos meses de salario a sus 150 empleados administrativos. En enero, desesperados por esa deuda, los trabajadores suspendieron labores y se amotinaron en la alcaldía para exigir su dinero. Hasta hoy se les sigue debiendo.
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| ARCAS VACÍAS. La deuda pública de Coyotepec, en el Estado de México, es de 100 millones de pesos; no le han pagado dos meses de salario a sus 150 empleados |
La sede administrativa del municipio deCoyotepec, en el Estado de México, es un viejo edificio de dos plantas donde las oficinas de los funcionarios se esparcen alrededor de un patio central. Es fácil ubicar el despacho del alcalde y del resto de sus colaboradores de tan pequeño que es, pero lograr una cita por anticipado es prácticamente imposible porque ninguna dependencia tiene servicio telefónico y los funcionarios no están dispuestos a gastar el crédito de sus celulares. “Eso le da idea de las condiciones precarias que tenemos”, dice la secretaria de Juan Antonio Casas Rodríguez, el presidente municipal, quien esa mañana de sábado se encuentra fuera del pueblo.
Coyotepec se localiza al norte de la ciudad de México. Tiene poco más de 39 mil habitantes. El nivel de su economía es tan bajo que no alcanza para pavimentar la mayoría de sus calles, y el poco asfalto que hay se encuentra destrozado por falta de mantenimiento. La deuda pública asciende a 100 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Tesorería, y esa crisis ha imposibilitado pagar dos años de aguinaldo y dos meses de salario a sus 150 empleados administrativos. En enero, desesperados por esa deuda, los trabajadores suspendieron labores y se amotinaron en la alcaldía para exigir su dinero. Hasta hoy se les sigue debiendo.
La deuda, dice uno de los asesores del tesorero municipal, se arrastra desde hace 10 años. Le deben a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de México. El poco dinero que ingresa a las arcas se utiliza en pagar las quincenas de los empleados. A los proveedores de insumos y servicios les fue colocado un letrero en hoja de máquina y escrito a plumón —porque tampoco hay tinta para gastarla en impresiones de computadora— para anunciarles que les pagarán “hasta nuevo aviso”.
En el país hay dos mil 440 municipios, y más de 2 mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas, señala un informe elaborado en febrero por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.
En conjunto, los municipios adeudan 31 mil 788 millones de pesos: 15 mil 382 millones a la banca comercial y 15 mil 955 millones a la de desarrollo y 210 millones en emisiones bursátiles. En el año 2000, los pasivos sumaban únicamente 4 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP)
Del total, 58% de esa deuda se concentra en municipios de siete entidades federativas: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Coyotepec es un municipio modesto, pero ayuntamientos económicamente poderosos, como Tijuana y Monterrey, se encuentran igualmente abrumados por el monto de sus deudas, según el mismo informe de la comisión.
Falla el modelo
La razón por la cual los municipios aumentaron su deuda financiera en años recientes es consecuencia del modelo de repartición de dinero que existe en el país, dice Saúl Arellano, director de investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas). En un esquema en el que la federación aporta 80% de los recursos que se aplican en municipios para áreas como educación, salud y obra pública sin que exista transparencia en su manejo, no sólo se fomenta la corrupción, sino que inevitablemente se llega al colapso financiero.
“No puede hablarse de verdadera fiscalización de los recursos federales por el hecho de que la federación entrega a los municipios 100 pesos y estos se gastan esos 100 pesos y entregan facturas por los mismos 100 pesos. Eso es tan sólo un asunto contable. Lo que no se ha preguntado a los ayuntamientos ni a los gobiernos estatales es cómo están gastando ese dinero. Cuando uno se mete a las tripas de los ayuntamientos y ve las disposiciones de gasto público, se encuentran cosas tan irracionales como que recursos del Ramo 33 se destinan a la organización de ferias del pueblo o en la compra de vehículos”, explica Arellano.
El Ramo 33 es la vía de transferencia de dinero que realiza la federación a municipios y estados desde 1998 para aplicarse en áreas fundamentales como la educación, la salud y el desarrollo social. La mayoría de los recursos que reciben proviene de allí, pero el esquema no ha logrado abatir rezagos porque la repartición de recursos presumiblemente está mal hecha. Por años, el Ceidas ha monitoreado las transacciones y su gasto final, y encontró que en 26 entidades no existe correspondencia entre el dinero que se les da y el nivel de rezago educativo que tienen.
“Lo mismo está pasando con el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud: en donde hay más mortalidad por causas prevenibles, en donde hay más mortalidad por la diabetes, por las cardiopatías, no son los estados en donde más dinero se está mandando”, señala Arellano.
La pobre capacidad administrativa de la mayoría de los alcaldes es un factor que debe sumarse para explicar la espiral de endeudamiento que registran los ayuntamientos, dice Azucena Olivares, presidenta de la Asociación de Municipios de México (Ammac). El organismo que preside Olivares, quien además es alcaldesa de Naucalpan, Estado de México, aglutina a mil 400 gobiernos municipales. Todos registran deudas con la banca y con empresas paraestatales porque la ruta más simple es la adquisición de créditos. El problema es que piden prestado sin tener conocimiento suficiente para ello.
Olivares decidió aplicar esos conocimientos en su carácter de jefa de ayuntamiento. Ella heredó una deuda de mil 500 millones de pesos y refinanció de 15 a 20 años con autorización del Congreso local, lo que le permitió bajar las tasas de interés y obtener ventaja en la acumulación de recursos para aplicarlo en obra pública.
Pero se trata de un remedio urgente, que sólo prolonga la agonía de los municipios, de acuerdo con Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado. La causa de fondo, la estructura de la repartición de fondos que vuelve dependientes a municipios y entidades federativas, impide que negociar las deudas sirva para mucho.
“Los municipios y los estados han cedido a sus facultades recaudatorias y hoy dependen, en más de 80%, de las participaciones federales. Esto es lo que ha generado que crezca la dependencia que los obliga a endeudarse. La tendencia es que siga creciendo la deuda y ya empezamos a escuchar peticiones lastimeras de rescate financiero ante Hacienda por parte de algunas entidades y algunos municipios. Entonces, si sigue la tendencia, a la vuelta de uno o dos años hará una crisis que será prácticamente insostenible”, dice.
El origen del mal
El senador Galindo dice que esta crisis en las finanzas de los municipios se inició hace 10 años. Durante ese tiempo la deuda de municipios y estados se triplicó. En el año 2000 la deuda conjunta era de 89.5 mil millones de pesos y para septiembre de 2010 ascendía a 279 mil millones. El dato proviene de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de Hacienda.
“Hay cientos de ayuntamientos que en las actuales condiciones realmente no le generan ninguna utilidad a la comunidad. Al contrario: se convierten en una carga que les genera mayores problemas y actos de corrupción”.
Los casos de corrupción se han vuelto comunes desde hace dos años, y son fenómenos que parecen ligados de manera estrecha. En el estado de Hidalgo, mientras 84 presidentes municipales se declararon en bancarrota a finales de 2010, la procuraduría estatal entraba en la fase final del proceso abierto en contra de 12 ex alcaldes acusados de malversar fondos. Entre 2008 y 2009, otros ocho ex presidentes municipales fueron detenidos por ser presuntos responsables de ese delito.
Historias de endeudamiento, quebrantos y turbiedad administrativa se han registrado en Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. No existe, dice Galindo, entidad y municipio que escape a esa condición desastrosa. “Desde Aguascalientes hasta Zacatecas, para decirlo alfabéticamente, hay problemas muy severos. (…) Y curiosamente la respuesta a esta debilidad institucional son medidas más centralizadas”.
Basándose en cifras del Cuarto Informe de Gobierno, el director de investigación del Ceidas, Saúl Arellano, ofrece datos sobre la recentralización: “En 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia de la república, 60% de los recursos del combate a la pobreza era ejercido por el gobierno federal, alrededor de 20% por los municipios y como 11% por los estados. Pero los datos de 2010 revelan una terrible concentración del los recursos destinados a la pobreza, con 81% a cargo del gobierno federal”.
Faltan candados anticorrupción
El pacto federal en efecto es obsoleto, dice Octavio Pedroza Gaitán, presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de Diputados. Los legisladores han tratado de impulsar una reforma que permita a los ayuntamientos mayor capacidad recaudatoria, lo que eventualmente los volvería más autónomos y menos dependientes del gobierno federal, pero, según el diputado, no es fácil romper con “inercias históricas”.
Por inercias históricas se refiere, más que nada, a la corrupción.
“Hemos visto grandes abusos y una opacidad preocupante en gobierno de los estados, en muchos municipios, y esto hace que se endurezca, se rigidice el mecanismo de flujo de recursos. Esto no puede combatirse si no es acompañado a la fiscalización y una mayor autonomía a las contralorías municipales”, dice Pedroza Gaitán.
El problema es que los niveles de corrupción y burocracia que debilitan la institución municipal también los vuelve fácilmente penetrables por el crimen organizado.
“Hay que decirlo como es: el municipio es el eslabón más débil de esta cadena de gobierno”, dice el diputado. “Hay una creciente y gran incidencia de corrupción, de amenaza, de cohecho, de actuación de los grupos delictivos en la autoridad local, precisamente porque no hemos logrado armar un andamiaje que fortalezca a las autoridades en las instancias locales”.
Entre abril de 2007 y febrero de 2011, 93 funcionarios municipales fueron asesinados por supuestos operadores de la delincuencia organizada; 23 eran alcaldes.
Lejos de modificar los esquemas de repartición de dinero, el sistema de repartición de recursos aumentó el presupuesto de la Policía Federal y disminuyó el de estados y municipios, señala Azucena Olivares.
“A la Policía Federal le están dando 34 mil millones de pesos de presupuesto; a la estatal 10 mil millones de pesos y a nosotros, los municipios, nos dejan en 5 mil millones de pesos para 2 mil 440 municipios. Es lamentable que no se tengan esas políticas públicas bien sustentadas en análisis y estudios de la problemática que tenemos”, dice.
En Coyotepec los únicos trabajadores que no han ido a paro de labores son los agentes preventivos. El salario de los 80 policías está cubierto por una pizca del Subsemun, el fondo federal para la seguridad pública. Pero, advierte la presidenta de la Ammac, ello no garantiza la paz social.
Azucena Olivares asegura que esta es una crisis que puede terminar de una forma muy lamentable porque la falta de sustentabilidad económica hace que no se pueda combatir la inseguridad. “Todo es cosa de tiempo, uno o dos años a lo mucho”, dice.
Léalo en El Universal, de México
